El Consell Nacional aprueba la salida de Oltra y Mollà con el voto a favor del 49% de sus miembros
La crisis interna que sufre Esquerra Unida vivió ayer uno de sus momentos más importantes y esperados. Sin embargo, a pesar de lo llamativo de la medida adoptada –la expulsión de las dos diputadas nacionalistas de EU en Compromís– todo apunta a que éste no es el último capítulo de una trama que aglutina conspiraciones en la sombra, descalificaciones y amenazas.
EU aprobó con el voto a favor de 58 de sus miembros –el 49,15% sobre el total, a un voto de la mayoría absoluta– la propuesta de expulsión de la formación de Mónica Oltra y Mireia Mollà. La resolución recoge que debe ser aprobada “por el Consell Nacional por mayoría absoluta de sus miembros”. Sin embargo, desde EU apuntaron ayer que se trata de “la mayoría absoluta de los miembros presentes”.
Las dos diputadas de Compromís, que forman parte de la corriente nacionalista Esquerra i País, fueron acusadas de actuar en contra de la línea política establecida por la dirección de EU, y de incumplir el régimen económico de caja común de la formación para los cargos públicos.
Dicho informe, que fue aprobado con el voto a favor de 59 de sus miembros, el rechazo de 17, y dos abstenciones, recogía que los hechos acaecidos “hacen imposible reeditar el Compromís” de cara a las generales, lo cual es una confirmación oficial de un secreto a voces, y es que en EU ya han descartado desde hace tiempo volver a unirse al Bloc para los próximos comicios.
El debate previo a la votación, que contó con la intervención de más de una veintena de miembros del Consell Nacional, fue largo y acalorado, con descalificaciones personales incluidas, sobre todo durante las intervenciones de los dirigentes de los sectores críticos.
Uno de esos momentos se produjo cuando Joan Ribó, de Projecte Obert, acusó a los responsables de organización de EU de haber cobrado todo el sueldo del mes de agosto mientras los demás trabajadores sólo habían cobrado la mitad. En ese momento Ricardo Sixto –secretario de Organización– le lanzó su libreta bancaria personal en modo de repulsa hacia “las acusaciones” de Ribó.
Después de que este diario informara el pasado 25 de agosto de que se habían producido contactos entre EiP, el Bloc y Els Verds de Carles Arnal para un posible pacto electoral, ayer se hicieron continuas referencias a esa posible coalición durante todo el Consell Nacional. De hecho, en el mismo informe que fue aprobado se califica como “provocación” la posibilidad de ese pacto. Incluso Glòria Marcos le llegó a pedir a Pasqual Mollà, líder de EiP, hasta en dos ocasiones, que se pronunciara públicamente al respecto.
Oltra y Mollà recurrirán
“Agotaremos todas las vías para defendernos de esta injusticia”, señaló Oltra, que afirmó encontrarse “dolida” por la decisión adoptada por la dirección de EU, y aseguró que “lamentamos que persistan en esta actitud, en no asumir sus errores, y en culpar a todo el mundo de ellos”. Oltra destacó que tanto Mollà como ella misma se siguen “considerando miembros de EU”.
El acuerdo que los cinco partidos que conforman la coalición firmaron ante notario el pasado 27 de enero de 2007, en su cláusula duodécima, estipula que le corresponde “a un diputado de EU el cargo de síndico del grupo”.
Tras confirmarse la expulsión de Mónica Oltra del partido, el problema que surge ahora es que ese requisito que establece el pacto electoral no se cumple. Por ello, desde EU señalaron ayer que su intención es “ir a reclamar a donde haga falta” que Glòria Marcos vuelva a ser la portavoz del grupo parlamentario de Compromís, y no descartaron que el caso pueda llegar a los tribunales.
Desde la dirección de EU aseguraron que ahora “la pelota está en el tejado del Bloc”, y que debe ser la formación nacionalista “la que en la próxima reunión vote a favor de la restitución de Marcos” como síndica del grupo.
Por su parte, la actual portavoz del grupo parlamentario señaló que la decisión “injusta y antiestatutaria” que ha tomado la dirección de EU de expulsarle a ella y a su compañera Mireia Mollà de la formación “no va a interferir en la actividad del grupo”, y añadió que “no tiene por qué afectar ni a la composición del grupo ni a los cargos internos”.
El Consell Nacional de EU también decidió ayer pedir a IU la dimisión de Rubén Fernández, responsable de finanzas federal, por dos comunicados en el que respaldaba a las diputadas y en el que acusaba a la dirección de EU de mentir acerca de la deuda de la diputada nacional valenciana. Desde IU aseguraron que dicha petición “no tiene ningún valor jurídico porque se trata de un cargo federal”.
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